El PCCh actualizó su política de disciplina partidaria para que los funcionarios no se atrevan, no puedan y no quieran corromperse. La fórmula combina sanciones, controles y una férrea formación doctrinaria. En 2025, casi un millón de personas recibieron sanciones disciplinarias.
Con frecuencia, la agencia de noticias Xinhua difunde investigaciones y condenas por actos de corrupción en China, junto con los balances de la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), dependiente del PCCh. Esos informes ocupan un lugar destacado en los medios oficiales chinos, mientras que parte de la prensa internacional directamente los ignora. Más allá de esas diferencias, la cantidad de casos que trascienden permite asomarse a una política de Estado que el Partido impulsa desde hace años y que volvió a actualizar a fines de octubre, durante la quinta sesión plenaria de su XX Comité Central.
En ese encuentro se aprobó una declaración sobre el “disciplinamiento integral y riguroso del Partido”, que vuelve a poner en primer plano la denominada “fórmula de los tres no” (Sān Bù), entre otras metas estratégicas. Básicamente, el modelo busca que los funcionarios no se atrevan, no puedan y no quieran corromperse, mediante una combinación de duras sanciones, controles institucionales y una férrea formación doctrinaria.
El primer “no” busca que los funcionarios no se atrevan a corromperse. Su principal herramienta es la amenaza de sanciones, que pueden alcanzar tanto a funcionarios barriales como a dirigentes de máxima jerarquía. La campaña tomó impulso con las “Ocho Reglas del Comité Central”, introducidas en diciembre de 2012 para limitar determinadas prácticas y gastos. Desde entonces, los órganos de inspección y supervisión disciplinaria investigaron 8.105.000 casos e impusieron sanciones a 7.922.000 personas, entre ellas 963 funcionarios de nivel ministerial o superior.
Con el tiempo, aquel código de conducta quedó integrado a un sistema más amplio de controles, cuyo objetivo es que los funcionarios ni siquiera se atrevan a deletrear la palabra soborno ante el riesgo de ser descubiertos.
La segunda dimensión del Sān Bù apunta a que los funcionarios tampoco puedan corromperse. El documento propone limitar la discrecionalidad en el ejercicio de sus atribuciones y evitar que los cargos públicos se conviertan en una forma de obtener beneficios personales. Entre las medidas para lograrlo se encuentran la transparencia en el manejo del dinero público, los controles en las compras que hace el gobierno y un uso más amplio de algoritmos y comparaciones de datos para identificar comportamientos sospechosos y posibles conflictos de intereses.
La intención es que un favor concedido desde un despacho, una licitación arreglada o una ventaja otorgada a la empresa de un familiar dejen rastros que puedan reconstruirse mediante el cruce de información. Una suerte de memoria electrónica del Estado que vuelve bastante más engorroso el viejo arte de hacerse el distraído.
Los controles también alcanzan sectores sensibles como las finanzas, las empresas estatales, la energía, la industria farmacéutica y la obra pública. La meta es desarticular posibles acuerdos entre funcionarios y empresarios, además de operaciones en las que familiares o colaboradores de dirigentes de alto rango reciban ventajas o utilicen testaferros para ocultar a los verdaderos beneficiarios.
El tercer “no”, quizás el más difícil de medir y el más interesante para observar desde países como la Argentina, busca que los funcionarios no quieran corromperse. Apunta a un terreno mucho más complejo de regular desde el Estado: la voluntad individual de no aprovecharse del cargo. Para el PCCh, esa conducta debe construirse desde la educación de sus cuadros – un universo que ya supera los 100 millones de miembros – y una cultura de integridad que establezca límites entre el interés público y el privado. En ese planteo conviven la formación ideológica del Partido y una tradición política china, influida por el pensamiento confuciano, que atribuye a la virtud de quienes gobiernan una responsabilidad sobre la conducta de la sociedad.
Desde una mirada occidental, esa concepción abre un par de preguntas sobre la frontera entre la construcción de una ética pública y la formación partidaria. Para las autoridades chinas, la instrucción política, la conducta moral y la lealtad al Partido forman parte de una misma idea del funcionario. La CCDI informó que 26.000 personas se entregaron voluntariamente a las autoridades el año pasado, atribuyendo este resultado al “fuerte poder disuasorio” de las medidas anticorrupción. Es un dato, pero el número, por sí solo, no permite saber cuántas de esas presentaciones fueron realmente espontáneas y cuántas estuvieron condicionadas por las investigaciones en curso.
Las cifras oficiales de 2025 indican que se abrieron más de un millón de expedientes y se sancionó a 983.000 personas. Entre los investigados se contaron 115 funcionarios de nivel ministerial o superior, de los cuales 69 recibieron medidas disciplinarias. Los organismos de control registraron 967.000 casos vinculados con problemas que afectaban directamente a la población, y restituyeron a los damnificados 77.630 millones de yuanes (unos 11.550 millones de dólares).
Puertas afuera de China, se analizaron 505 casos de corrupción transfronteriza y se repatriaron a 963 personas que habían huido del país. En este contexto, el 6 de noviembre, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el organismo legislativo más importante del país, aprobó una ley con 47 artículos que busca mejorar la cooperación internacional y facilitar la recuperación de activos. También exige que las empresas chinas que trabajan en el extranjero tengan sistemas de integridad.
Los cables de Xinhua seguirán llegando cada dos o tres días, como si fueran un recordatorio de que el control disciplinario en China jamás se detiene. Resta saber cuál será la respuesta al nuevo documento del PCCh. Los tres no ya los tienen.